Los problemas de distribución y comercialización del Aguardiente Amarillo en Cundinamarca, Bogotá y otras regiones del país se debe a que las industrias licoreras deben tener permisos por parte de los gobernadores para poder vender sus productos en otros departamentos. Esos permisos son por 10 años y se pueden prorrogar.
«Estos permisos no podrán ser discriminatorios ni podrán generar barreras de acceso ni restricciones arbitrarias al libre comercio ni al principio de libre competencia, de acuerdo con la Ley de Licores (la 1816 de 2016), es decir, se aplicarán de manera general para todas las empresas que pretendan ingresar aguardientes a distintos territorios», afirmó la ILC.
En el caso puntual de Cundinamarca, la ILC explicó que le otorgó ese permiso en 2017 y dos años después, en 2019, incluyó al Aguardiente Amarillo en el mismo.
Sin embargo, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca expidió el pasado 6 de junio de 2023 la Resolución 797, por la cual revocó la autorización de la adición del producto Aguardiente Amarillo para su ingreso al departamento.
Andrés Elías Borrero, gerente general de la ILC, le aseguró que la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca no informó con antelación esa decisión.
La Gobernación de Cundinamarca, explicó que, como todos los departamentos, se acogió a la norma de monopolios desde 2019 y que, por ejemplo, en Caldas, no venden aguardiente de Cundinamarca.

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